CECGP

Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública

Missão: Fomentar a análise da realidade jurídica e sociopolítica nacional e internacional

LA LEY Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: ¿POR QUÉ LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NO ESTÁ CONTENIDA EN BRASIL?

"Es verdad y forzoso reconocer que las leyes son necesarias de igual que las políticas públicas, pero hay que tener un cambio en la cultura social a punto de modificar la estructura social misógina de las sociedades..."
SERGIO VICTOR TAMER,
é presidente do CECGP – Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública e da SVT FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR;
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco; doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca e pós-doutor pela Universidade Portucalense; é autor, dentre outras publicações, do livro “Fundamentos do Estado Democrático e a Hipertrofia do Executivo no Brasil” (Fabris Editor, RS, 2002); “Atos Políticos e Direitos Sociais nas Democracias” (Fabris Editor, RS, 2005); “La garantía judicial de los derechos sociales y su legitimidad democrática”. (Editora Ratio Legis, ES, 2018). Ex-secretário de Direitos Humanos do Estado do Maranhão (2009-2010) e ex-secretário de Justiça e Administração Penitenciária (2011-2012).
Con mis cumplimientos especiales al doctor Raúl Hirakawa, coordinador del Congreso Internacional sobre Género y Derechos Humanos – Violencia contra las mujeres y las niñas, y políticas públicas” y a la profesora Esther Martinez Quinteiro, directora del Congreso, cumplimiento por igual a todos sus organizadores y miembros de la comisión científica[1].

Mi tema hace un cuestionamiento sobre las razones para la manutención de elevados índices de violencia en Brasil contra las mujeres en que pese la existencia de una legislación avanzada y tan justamente enaltecida como la “Ley María da Penha” y de otros mecanismos legales de enfrentamiento como la Convención de Belém do Pará, en vigor desde 27 de diciembre de 1995, e la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que ha sido sancionada desde 2 de marzo de 1984. Por su vez, en 9 de marzo de 2015 la Ley nº 13.104, incluyó la calificadora del feminicidio en el código penal brasileño. Y la Ley n.º 10.778, de 24 de noviembre de 2003, establece la notificación compulsoria en el caso de violencia contra la mujer registrada en servicios de salud públicos o privados. En que pese todo esto aparato legislativo, los datos de la Organización Mundial de Salud apuntan para otra realidad: Brasil ubicase en la posición número (5) cinco en homicidios contra las mujeres, en un listado de 83 países, bajo solamente a países como El Salvador, Colombia, Guatemala y Rusia.[2]

Violencia contra las mujeres em 2021

El Informe del “Fórum Brasileiro de Seguranza Pública” con base en el Anuario de 2022 relativos à la violencia letal y sexual de meninas y mujeres en Brasil son indicadores de una situación espantosa.

Eses datos tienen como fuente los boletines de registro de las Policías de las 27 unidades de la Federación. Han sido computados 1.319 feminicidios en Brasil en 2021. Eso es, 1.319 mujeres víctimas de feminicidio. ¡Es decir, una mujer cada 7 horas ha sido víctima de feminicidio! Por otro lado, 56.098 han sido los estupros (incluido los vulnerables), solamente del género femenino.

No en tanto, entre el inicio de la pandemia, en marzo de 2020 hasta diciembre de 2021, fueran 2.451 feminicidios y 100.398 casos de estupro y estupro de vulnerables del género femenino.

Los estados que registraran las mayores tasas de feminicidio – mucho superior a la media nacional – fueran Tocantins (2,7), Acre (2,7), Mato Grosso do Sul (2,6), Mato Grosso (2,5) e Piauí (2,2). Con relación a la variación entre los años de 2020 y 2021 llama la atención el crecimiento de los feminicidios en Tocantins que ha pasado de 9 víctimas en 2020 para 22 en el pasado año (144,4% de incremento); Rio Grande del Norte que contabilizó 7 muertes a más em 2021 (53,8%); y el Distrito Federal, Brasilia, con crecimiento de uno 47,1% en el número de feminicidios (de 17 víctimas en 2020 a 25 en 2021).

En finales del año de 2019, habían cerca de un millón de procesos de violencia domestica en Brasil en trámite en la Justicia. Un aumento de casi 10% comparado con el año de 2018. ¿En suma, que pasa con la sociedad brasileña que continúa reportando altas tasas de violencia de género? ¿Por qué no funcionan las políticas públicas que deberían ser capaces de preservar y de garantizar las condiciones básicas de vida para meninas y mujeres, libres de la violencia endémica que persiste asombrosamente en Brasil? ¿Por qué las leyes y los Tratados no sirven de freno para ese descalabrado estadístico y tan real cuanto tenebroso?

La cultura social: un cambio necesario

Para los expertos, la violencia contra la mujer es resultado de una cultura patriarcal que está vinculada a los fundamentos de la sociedad. Y esta violencia se expresa de variadas maneras, desde el estupro hasta la violencia psicológica.

Una cultura que privilegia el hombre, poniéndole en el espacio de poder. Esa desigualdad de género estructural, esa cultura que impone la desigualdad, que subyuga las mujeres por su género, es considerada la principal causa de la violencia. En ese sentido la violencia contra la mujer es un problema sistémico en nuestra sociedad. Es una cultura extremamente violenta. Las causas, por tanto, estarían en las estructuras de nuestra sociedad.

Tomemos, por otro lado, como ejemplo, algo que está introyectado en nuestro imaginario social. Históricamente, la mujer es escogida como pecadora y diseminadora de maldades en el mundo. Véase, así, en la cultura griega, la misoginia en el mito de Pandora: la mujer que ha esparcido el mal en el mundo al abrir la misteriosa caja que no debería ser abierta.

En la cultura judaico-cristiana, Eva ha sido la segunda opción del Criador y, además, la responsable pela expulsión de Adán del paraíso y, como consecuencia, provocadora de todos los males que la humanidad sufre hasta hoy.

En la Edad Media, hubo una histeria masiva impulsada por la Iglesia Católica cuando cientos de miles de mujeres fueron quemadas en la hoguera, acusadas de practicar la brujería. La Inquisición actuaba basada en las supuestas pruebas ofrecidas por los testigos, que estaban seguros de la condición de “bruja” de las acusadas. Esta ha sido la narrativa más difundida para legitimar la persecución, tortura y muerte de mujeres.

Es verdad y forzoso reconocer que las leyes son necesarias de igual que las políticas públicas, pero hay que tener un cambio en la cultura social a punto de modificar la estructura social misógina de las sociedades.

La cultura social: un cambio necesario

¿Y que habla la ONU? Para la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito[3] “los impulsores de este tipo de violencia letal requieren respuestas personalizadas. Los asesinatos llevados a cabo por parejas íntimas rara vez son espontáneos o aleatorios, y deben ser examinados como un acto extremo en un continuo de violencia relacionada con el género que sigue sin denunciarse y con demasiada frecuencia es ignorado.”

Las políticas públicas, segundo la Oficina de las Naciones Unidas, deben considerar, entre otros aspectos, que…

“Los asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género pueden evitarse mediante una mejor coordinación entre los servicios prestados por el estado y también mediante la participación de los hombres.

Las políticas públicas que buscan prevenir y reducir la violencia homicida deben tener en cuenta la demografía de las víctimas. Dependiendo de su edad y sexo, las personas pueden verse afectadas por el homicidio de diferentes maneras, y esto requiere respuestas con políticas públicas focalizadas.

Los asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género, medidos por la tasa de víctimas femeninas de homicidio que son asesinadas por parejas íntimas u otros miembros de la familia, se han mantenido estables en los últimos cinco años, lo que sugiere que las mujeres continúan soportando la mayor carga de victimización como resultado de los estereotipos de género y la desigualdad.

Los asesinatos cometidos por parejas íntimas u otros miembros de la familia afectan predominantemente a las mujeres. Los niveles de tales asesinatos parecen ser relativamente estables en el tiempo y muestran menos variación entre países que los de otras formas de homicidio. Combatir este tipo de homicidio requiere cambios estructurales a largo plazo que aborden la violencia doméstica a través de un enfoque holístico. Esto implica fomentar cambios en las actitudes hacia los roles de género, reducir la dependencia y proteger a las mujeres y otros grupos vulnerables a través de una política de cero tolerancias a la violencia. En países con tasas de homicidio relativamente bajas, y en las que las mujeres representan una gran parte o incluso la mayoría de las víctimas de homicidio, reducir aún más las tasas de homicidio seguirá siendo un objetivo difícil de alcanzar a menos que tales políticas tengan éxito en la reducción de los asesinatos por parte de parejas íntimas u otros miembros de la familia.

Las políticas que abordan esta forma de violencia contra las mujeres deberían involucrar activamente a los hombres en la lucha contra la violencia relacionada con la pareja/familia mediante la difusión de normas y valores culturales que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de los roles de género estereotipados.

Las medidas concretas para involucrar a hombres y niños en la eliminación de la violencia contra las mujeres y, por lo tanto, el asesinato de mujeres y niñas por motivos de género, incluyen: proporcionar educación a niños y niñas desde una edad temprana que promueva la igualdad de género; e implementar programas dentro de las comunidades locales dirigidos a cuestionar los estereotipos de género existentes, discutir las nociones de género y masculinidad, y transformar los roles de género.

Los asesinatos de mujeres por parte de parejas íntimas representan la culminación de la violencia a largo plazo y pueden prevenirse. Es necesario implementar políticas públicas para garantizar que las mujeres tengan acceso a una amplia gama de servicios proporcionados por la policía, el sistema de justicia y las agencias de salud y asistencia social. Debería impartirse capacitación a la policía y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para sensibilizarlos sobre las necesidades de las mujeres y garantizar que puedan identificar y responder adecuadamente a situaciones de abuso doméstico. No se debe tolerar la impunidad de los responsables de la violencia doméstica. Además, también debe haber políticas públicas que brinden fácil acceso a servicios de apoyo especializados, como refugios y líneas de ayuda, que pueden brindar a las mujeres el apoyo que necesitan para salir de una relación abusiva.”

Así, más allá de la legislación y de una política pública eficiente, necesitamos de un auténtico cambio en la cultura misógina de nuestra sociedad. ¿Como promoverlo? La implementación del estudio arriba de la Oficina de la ONU ya seria un bueno inicio…

[1]Palestra proferida in Congreso Internacional sobre Género y Derechos Humanos. Violencia contra las mujeres y las niñas y políticas públicas. Reto de los Derechos Humanos en el siglo XXI – realizado en Salamanca del 17 al 20 de mayo de 2022 (online), dirección de MARÍA ESTHER MARTÍNEZ QUINTEÍRO y coordinación de RAÚL ARTURO HIRAKAWA ANDIA – 17/05 – 16:00 (ESP) | 11:00 (BRA) | 09:00 (PER)

SALA 01 – Link: https://afya.zoom.us/j/99711441795.

[2] https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/03/violencia-contra-mulher-2021-v5.pdf

[3] https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf

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